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LEVANTE-EMV - 4 d'abril de 2006
La Comisión Europea abre un procedimiento de infracción contra España por la nueva Ley Urbanística Valenciana
La Comisión Europea abrió hoy un procedimiento de infracción contra España por la nueva Ley Urbanística Valenciana (LUV), al entender que "no parece remediar las posibilidades de infracción que existían" en la normativa anterior, contra la que también tiene pendiente un expediente.
En una carta de emplazamiento enviada hoy, el ejecutivo comunitario pidió a las autoridades españolas que "presenten sus observaciones con respecto a la nueva LUV antes de dos meses".
Las acciones que pueden derivarse de esta advertencia dependerán de la respuesta española, dijo a EFE una fuente comunitaria.
La Comisión considera que la nueva normativa, que las Cortes Valencianas aprobaron el pasado 22 de diciembre, "no parece remediar las posibilidades de infracción que existían en la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), de 1994.
En particular, a Bruselas le preocupa "el contenido de los anuncios de licitación y los documentos contractuales para la adjudicación de los Planes de Acción Integrada (PAI)", así como "la posibilidad de aumentar el precio del contrato tras la selección del agente urbanizador", señaló el ejecutivo comunitario en un comunicado.
La Comisión "también observa que otros aspectos del procedimiento de selección de agentes urbanizadores no cumplen las directivas de la UE en materia de contratación pública".
Entre ellos, mencionó "el contenido de las propuestas para iniciar un PAI, la presentación y el contenido de las ofertas, la admisibilidad de variantes, los criterios de concesión, y la posibilidad de modificar partes del contrato y/o del proyecto seleccionado después de la adjudicación del contrato".
Asimismo, reveló que las autoridades españolas "no han atendido a las advertencias previas y han seguido concediendo contratos en el marco de la LRAU hasta el 1 de febrero de 2006, con la consiguiente violación de las Directivas de contratación pública de la UE".
Preguntado por las acciones que podrían derivarse de esa infracción, el portavoz añadió que también dependerán de las explicaciones del Gobierno español.
La CE tiene pendiente otro procedimiento de infracción contra la LRAU, por el que envió en el pasado a España una carta de emplazamiento y un dictamen motivado, recordó hoy el ejecutivo comunitario. De seguir adelante, el próximo paso sería una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Bruselas considera que la adjudicación de PAI en el marco de la antigua ley "constituye un contrato de obras públicas y debe cumplir, por ende, las disposiciones de las Directivas de la UE en materia de contratación pública, así como ciertos principios generales del Tratado de la Unión".
"La adjudicación de los PAI corresponde a las autoridades locales e incluye la prestación de servicios y la realización de trabajos de infraestructuras públicas", añade la nota.
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